Según ministro de Justicia Gustavo Adrianzén
Al responder el pliego interpelatorio de 13 preguntas ante el Pleno del Congreso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén Olaya, dijo, esta noche, que están vigentes los Decretos Legislativos 1068 y su Reglamento, el Decreto Supremo 17, referido a la presentación de solicitudes de autorización de procuradores del Estado para declarar a los medios de comunicación, y que son de amplio dominio y conocimiento por parte de los procuradores públicos.
Aclaró que las solicitudes de autorización que se exigen, no son consecuencia de la arbitrariedad que afecten las labores de los procuradores públicos, sino el cumplimiento de una exigencia normativa cuyo incumplimiento convierte al autor pasible de ser instruido por el órgano disciplinario del sistema.
“Debo indicar que este procedimiento está vigente y que ha sido debidamente informado a los integrantes del sistema, entre junio y diciembre del año 2008, me refiero a los Decretos Legislativos 1068 y su reglamento, el Decreto Supremo 17, y que ambos dispositivos legales son de amplio dominio y conocimiento por parte de los procuradores públicos”, expresó el titular de Justicia.
Reiteró que los procuradores públicos no están prohibidos de declarar ante los medios de comunicación. “La norma exige que cuando lo hagan tengan en consideración lo previsto en las normas legales vigentes, normas reglamentarias y administrativas, dando cabal cumplimiento para tales fines”, sostuvo.
Explicó que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado no hace distinción alguna entre procuradores, sino, el cumplimento del procedimiento normativo a cada uno de ellos. “Cuando ha sido detectada algún tipo de
inconducta funcional, denuncia de la parte o de oficio, el Consejo ha actuado y se han investigado esos procesos sin distinción alguna”, indicó
Respecto a las declaraciones del procurador Joel Segura, sobre los supuestos actos de corrupción en la construcción de la carreta Interoceánica que implicarían a los expresidentes Toledo y García, dijo que dicho funcionario contaba con la autorización correspondiente por parte del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. “No se consideró, ni
se efectúo ningún cálculo y consecuencia política partidaria”, aclaró.
“La razón por la cual el procurador solicitó el permiso para declarar a los medios fue porque consideró que se debería informar a la opinión pública los avances, y que las pruebas podrían ser invalidadas en Brasil debido a la forma como se obtuvieron, y de trabajar en conjunto con 
otras instituciones del Estado para lograr un resultado en beneficio de
los intereses del Estado”, señaló.
