CALIFICAN COMO INTROMISIÓN DEL LEGISLATIVO
Los Fiscales Superiores, Adjuntos Superiores, Provinciales y Adjuntos Provinciales del Distrito Fiscal de Ayacucho, frente a los últimos acontecimientos suscitados en torno a la denuncia constitucional presentada ante la Presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República contra el Dr. PABLO WILFREDO SÁNCHEZ VELARDE, Fiscal de la Nación; por presunta omisión funcional en la lucha contra la corrupción, solicitando su destitución e inhabilitación expresamos ante la opinión pública lo siguiente:
- NUESTRA CONVICCIÓN de que el Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo reconocido como tal en el artículo 158° de la Constitución Política de Estado, tiene la función de ejercer la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, así como prevenir y perseguir el delito conforme a su ley orgánica, aprobada mediante Decreto legislativo N° 052, sea cual fuere el contexto social o la coyuntura política que presente el país.
- NUESTRO RESPALDO a la gestión del Fiscal de la Nación Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, quien viene desplegando esfuerzos sostenidos por cumplir tales funciones con eficiencia y oportunidad, siendo tema de especial atención institucional la lucha contra la corrupción, tanto más si este lastre social viene erosionando el crecimiento y progreso del país, además de socavas las bases de nuestra institucionalidad democrática.
- NUESTRA AMPLIA PREOCUPACIÓN por la presentación de dicha denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación en momentos que el Ministerio Público, institución que él conduce, viene realizando investigaciones diversas sobre casos vinculados a presuntos delitos de mega corrupción, como los denominados “Lava Jato” y “Odebretch”, entre otros, que vienen mostrando las dimensiones, complejidades y poder pernicioso de la corrupción instalada en ciertos sectores del país.
- POR ELLO, quienes nos desempeñamos como fiscales en el Distrito Fiscal de Ayacucho percibimos que la oportunidad de la presentación de aquella denuncia constitucional, en circunstancias que se ahondan investigaciones fiscales sobre casos denominados de mega corrupción, muestra una actitud de intromisión en torno a la actitud institucional del Ministerio Público de lucha frontal contra la corrupción.
- PEDIMOS, en el marco del estado Constitucional de Derecho que busca guiar el desarrollo del país, que las autoridades, ciudadanos y sociedad civil en general observen una conducta de respeto a la institucionalidad del Ministerio Público y de los demás entes del sistema de justicia.
- EXPRESAMOS nuestra actitud de alerta permanente en torno al tratamiento que brinde a dicha denuncia, en defensa de la independencia y autonomía del Ministerio Público.