Implicados ejercieron violencia para desalojar a dueños
La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra los imputados Celsa Beatriz García Chávez (59), Aquilina García Chávez (49) y Percy Ruel Solórzano García (28), por la comisión del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Usurpación Agravada, en agravio de Jesús García Chávez.
De acuerdo a la denuncia, los hechos ocurrieron el 21 de enero del presente año, cuando Cecilia Dolores García Canchari, hija del afectado, se encontraba junto con sus hermanos menores en el interior de la vivienda ubicada en el Jr. Raúl Porras Barrenechea (Jesús Nazareno). En ese momento se presentan los acusados Aquilina García Chávez y Percy Ruel Solórzano García (familiares). Luego entró Celsa Beatriz García Chávez, quien comenzó a amenazar a los menores hijos de Jesús García instándolas a desocupar la vivienda.
Aprovechando entonces la ausencia del dueño, los acusados hacen ingresar a 15 sujetos con los rostros cubiertos portando fierros y picos, quienes comienzan a sacar las pertenencias de las víctimas hacia el patio, con el propósito de no captar la atención de los vecinos.
Presas del pánico, la agraviada consoló a sus hermanitos, dirigiéndose hacia el cuarto de su progenitor para llamarlo por celular, pero es alcanzada por Aquilina García Chávez, quien intentó quitarle el teléfono con violencia, para luego forcejear. Las investigadas retienen a Dolores García Canchari y a sus hermanos en un cuarto, diciéndoles que no pidieran auxilio a sus vecinos, con amenazas de muerte. Mientras los maleantes comenzaron a destruir el interior de la vivienda causando serias fisuras y daños materiales, la hija de Jesús García Chávez escapó pidiendo ayuda a una de las vecinas para contactarse con su padre.
Cuando los vecinos comenzaron a increpar a los imputados y a los sujetos contratados, estos se encerraron en el domicilio a fin de no ser agredidos por la indignada turba. Posteriormente tras el llamado se apersonaron miembros de la Policía y del Serenazgo de la municipalidad, quienes restablecieron el orden.
Según el Artículo N°204 del Código Procesal Penal, el delito contra el Patrimonio en la modalidad de Usurpación Agravada es sancionado con una pena no menor de cinco ni mayor de doce años.
Finalmente, la jueza encargada del caso, Magistrada Lily Karen Choquecahua Ruiz, valoró las pruebas que cuales incriminaban a los imputados, disponiendo el inmediato internamiento de los tres acusados en el establecimiento penitenciario de Ayacucho, a la espera de su sentencia en los próximos meses.