Por Luis Larrea
Es innegable y totalmente justificable la existencia de un sistema internacional de justicia, como es el caso de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) o la Corte Europea de Derechos Humanos. La necesidad de corregir el deficiente actuar de los sistemas judiciales a nivel nacional, ha permitido fortalecer los sistemas internacionales de justicia. La justicia como toda obra humana no está exenta de errores y por la permanente presión de la política nacional, los errores judiciales en sede nacional son mayores y más evidentes en comparación con la justicia internacional.
Es una falsedad afirmar que la justicia y la política no tienen nada que ver y no se mezclan. Lo cierto es que ambas se necesitan mutuamente. Por lado de la justicia, es una ambición permanente la vigencia plena de los derechos humanos y fundamentales y por el lado de política, entendida ésta como la gestión de la conflictividad y necesidad social, es ésta la que prioriza determinados derechos. Es así que en contextos de libre mercado y fuerte incidencia empresarial se priorizan derechos económicos, más no así los derechos sociales, especialmente los referidos a la protección de grupos vulnerables y el medio ambiente. En contextos de gobiernos socialistas pues habrá una marcada preferencia de los derechos sociales, incluso por encima de los derechos individuales como es el derechos la libre expresión, al sufragio y la libre asociación, como es el caso de regímenes dictatoriales como el de Venezuela.
Teniendo en cuenta que la justicia y la política interactúan en la gestión de la conflictividad social, no resulta extraño que los fallos en sede internacional generen una serie de posiciones y pasiones encontradas. En el reciente fallo de la CIDH, la misma que ordena archivar una acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), por el hecho de haber corregido un fallo previo, el mismo que libraba de la tipificación de delitos de lesa humanidad, a quienes cometieron éste tipo de delito en el develamiento de un motín en el penal de El Frontón, hace más de 31 años, y a raíz de lo cual hace 17 años la misma CIDH , condenó al Perú a que investigue, juzgue y sancione a los responsables. Lo que hicieron los miembros del TC fue corregir una votación a solicitud del procurador del estado y se estableció que los delitos por los cuales vienes siendo procesados algunos marinos, hace 17 años, son delitos de lesa humanidad, algo que ya se estableció hace 17 años cuando la CIDH condenó al Perú. Esta nueva sentencia de la CIDH a generado reacciones políticas que van desde quienes afirman que debe ser aplicada, hasta quienes exigen que el Perú se retire de la competencia contenciosa de la CIDH, por considerarla una instancia internacional politizada. Recordemos que el Perú bajo la dictadura de Alberto Fujimori se retiró de la competencia contenciosa de la CIDH, y los efectos fueron negativos y tuvieron que volver a dicha competencia. Así que cometer el mismo error no sólo es ignorar lo pasado, sino es actuar en contra de los intereses nacionales.
Los medios de comunicación también juegan su partido en una coyuntura marcada por extremismos, llegando incluso a desinformar. Tal es el caso de uno de los diarios de mayor circulación nacional como es El Comercio, en cuyo editorial (2018-02-13) En las malas y en las peores, expresan tantas inexactitudes y mal informan. Dicen que la sentencia de la CIDH no se emitió en un nuevo caso iniciado por los magistrados del TC cuya independencia se alegaba afectada, sino en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el caso Durant y Ugarte (desaparecidos durante el motín). Así, no queda clara la conexión entre ambos casos, más aun cuando el juicio penal que se sigue a los presuntos responsables del Caso El Frontón continúa su curso con prescindencia de lo que suceda con los miembros del TC, a quienes, por lo demás, se les juzga no por su decisión en el caso El Frontón sino por haber cambiado el sentido de una sentencia previa. Es cierto que la sentencia de la CIDH se emite como parte del proceso de supervisión de la sentencia del caso Ugarte y Durant vs. Perú y claro que hay una conexión entre lo que resuelve el TC y la acusación constitucional contra los magistrados del TC, pues como lo afirma la propia CIDH en reciente sentencia, se trata de una injerencia política en el sistema judicial, al margen de que se trate de jueces del TC, pues la acusación constitucional y la posible sanción contra los magistrados del TC, implica una amenaza a todo el sistema judicial, incluyendo a los magistrados que llevan el caso del EL Frontón. Por lo tanto, El Comercio miente y desinforma. Como lo hace cuando en éste mismo editorial a párrafo seguido dice: También es cuestionable que la Corte IDH haya dictado como “medida provisional” el archivamiento de la acusación constitucional contra los magistrados, lo que es más bien una medida definitiva. La misma CIDH establece en su sentencia que la medida provisional no sólo tiene la función de cautelar, sino sobre todo de tutelar los derechos de las víctimas a una justicia imparcial y oportuna. El Comercio no informa que las sentencias en sede internacional, no sólo buscan reparar las afectaciones de derechos humanos y fundamentales, sino sobre todo de prevenir que éstos daños ocurran o se agraven. Es así que una acusación constitucional, ante la cual la Comisión de Acusaciones Constitucionales ya había decidido sancionar a los magistrados del TC, y pese a que los congresistas afirman que aún faltaba el trámite ante la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso, ya se había producido un daño al sistema de justicia nacional, mediante la injerencia política. Por lo tanto, la CIDH como medida provisional ordena un archivamiento, a fin de que la injerencia política no genere más daños de los ya ocasionados al sistema nacional de justicia.
Las posiciones y pasiones políticas son entendibles desde el punto de vista de intereses grupales, los cuales no siempre promueven una justicia imparcial y oportuna. De allí que los sectores políticos interesados en defender intereses particulares, atacan al sistema internacional de justicia de cometer injerencia y pretenden defender una supuesta soberanía, que no es más que un argumento torpe para permitir la impunidad de quienes cometieron delitos. La crítica del trabajo de cortes internacionales por parte de políticos nacionales, es parte de la dinámica que se produce entre la justicia y la política. Lo más peligroso y preocupante es la labor de desinformación de los medios de comunicación, quienes en lugar de opinar con sustento y revisando la documentación necesaria, lo hacen de forma irresponsable y tergiversando los hechos. El actuar de los medios de comunicación es importante para la defensa del buen funcionamiento de los sistema judiciales nacionales y la garantía que implica contar con un sistema de justicia internacional, que incluso ha sido y es un soporte importante en la defensa de derechos humanos referidos a la libertad de opinión y de expresión, derechos que nutren y sustenta el trabajo de los medios de comunicación.
La situación de fondo y que merece la atención de políticos y medios de comunicación, es cuestionar la demora de la justicia peruana, la misma que lleva 17 años en un proceso sobre hechos que ocurrieron hace 31 años. No se está cumpliendo con la sentencia de la CIDH en cuanto a una justicia oportuna. Es importante que el Presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, expliquen al país esta falta de oportunidad, pues por un lado lanzan programas y proyectos de modernización de la justicia, los cuales han costado millones del erario nacional, pero los hechos demuestran que casos tan evidentes como el de El Frontón, sigue hace 17 años en proceso.
No hay ni debe haber discusión si los delitos cometidos en el develamiento de El Frontón son o no delitos de lesa humanidad, pues esto ya se estableció hace 17 años, cuando la CIDH condenó al Perú. Por lo tanto, no es como dice El Comercio que se trataría de un caso aislado el supuesto cambio de fallo por parte de los magistrados del TC, pues lo que se trata aquí es que los implicados en el proceso de El Frontón, pretenden que se quite la calidad de delitos de lesa humanidad y acogerse a una prescripción, y así cerrar el caso con total impunidad.
