Defensoría del Pueblo realizó supervisiones inopinadas
- Otras irregularidades incluyen incumplimientos tributarios, faltas a la ley laboral, directores sin título pedagógico y publicidad engañosa.
Las academias Antares, Discovery, San Marcos, corporación educativa Mario Bunge y el centro preuniversitario de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta no cuentan con licencia de funcionamiento emitida por la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA), entidad a la cual tampoco enviaron su plan educativo anual.
Esta preocupante situación se detectó durante una supervisión inopinada a las mencionadas 5 academias preuniversitarias de la provincia de Huanta por parte de los comisionados de la Defensoría del Pueblo en el marco de la defensa de los derechos del consumidor.
En cuanto al personal se confirmó que los directores no tienen resolución de reconocimiento de la DREA. Algunos de ellos, incluso, no tienen título pedagógico. También se corroboró que no existe una estructura orgánica básica del personal. A su vez, carecen de bibliotecas elementales con los implementos necesarios.
Respecto a la infraestructura se constató que se imparten las clases en uno o dos ambientes de un área aproximada de 50 a 60 m2, por lo que los estudiantes se encuentran hacinados en grupos de 40 a 60 personas por aula. No menos grave aún es que estos centros de estudios no cuentan con certificado de habitabilidad vigente otorgado por la Municipalidad Provincial de Huanta o Defensa Civil.
Asimismo, se evidenció que no cumplen con otorgar becas integrales en cada ciclo de estudios en una proporción del 10% del total de estudiantes matriculados, conforme al reglamento y a la publicidad que hacen respecto a tal beneficio.
Por otro lado, se verificó que no emiten comprobantes de pagos autorizados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, para acreditar los cobros.
Otra irregularidad encontrada es que no se suscriben contratos laborales con el personal docente y administrativo. Tampoco se comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre los vínculos contractuales.
Ante la problemática descrita, la Defensoría del Pueblo formulará recomendaciones a las entidades competentes a fin de implementar acciones inmediatas que permitan brindar servicios educativos adecuados a los consumidores.
