Por Luis Larrea/futuroyopinion
Introducción
El Presidente de la República Martín Vizcarra mediante la Resolución Suprema de fecha 27 de diciembre de 2018 crea la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, la misma que tenía por objetivo proponer las normas orientadas para la implementación de la Reforma Política. La Comisión fue integrada por 5 destacados politólogos de la academia (Fernando Tuesta Soldevilla, quien lo presidió, Paula Valeria Muños Chirinos, Milagros Campos Ramos, Jessica Violeta Bensa Morales y Ricardo Martin Tanaka Gondo). Se le otorgó el plazo de dos meses para que la Comisión entregara su informe.
El 5 de marzo la Comisión hizo entrega de su informe, del cual se destacaron los “12 proyectos de ley”, los cuales deberán ser abordados de forma integral, y que no se pueden escoger sólo unos cuantos. El informe se sustenta en cuatro objetivos: 1.- Para tener partidos políticos y organizaciones políticas regionales más fuertes y representativas, 2.- Para combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas, 3.- Para tener una democracia más gobernable y con mayor control político y 4.- Para tener una mayor y mejor participación electoral y política de los ciudadanos.
El informe de la Comisión es un documento de 404 páginas. No pretendo realizar un análisis minucioso de dicho informe y duplicar el número de sus páginas. Me enfocaré en las fortalezas y debilidades sobre algunos puntos, los cuales considero de vital importancia para el análisis. Asimismo, propondré algunas medidas que van más allá de un simple maquillaje del sistema político.
Fortalezas
• Es un documento que contiene interesantes puntos de vista académicos, los cuales se sustentan en investigaciones tanto a nivel nacional, así como en otros países.
• Proponen medidas legislativas que pretenden, aunque de forma reducida, un sistema político caracterizado por la débil institucionalidad del estado y de los partidos y movimientos políticos, así como la falta de interés de los electores.
• Proponen mecanismos de elección que mejore la conformación del panorama político, condicionando la realización de las elecciones al parlamento, al momento que se desarrolle la segunda vuelta de elección para la Presidencia de la República. Asimismo la eliminación de la segunda vuelta a nivel de los Gobiernos Regionales.
• Propone la competencia de la Corte Suprema de Justicia en la determinación del levantamiento de inmunidad de los congresistas, a fin de que sea sometidos a procesos judiciales en su debida oportunidad.
• Propone una serie de medias para fortalecer los partidos, como es la eliminación del voto preferencial, el requisito de contar con un número determinado de afiliados, mejorar los procedimientos de elección interna y la necesidad de contar con autoridades electas a fin de mantener su registro como organización política.
• Pese a los resultados del referéndum del 9 de diciembre del 2018, se propone la bicameralidad con nuevos matices, y pese a que no lo plantea como una propuesta legislativa, invoca a discutir nuevamente el tema de la no-reelección en todos los niveles de gobierno, debido a que la Comisión llega a la conclusión que la experiencia y el buen desempeño de las autoridades electas, es un factor muy importante a tener en cuenta para la gobernabilidad. De igual forma propone la extensión del mando de 4 a 5 años para el caso de las regiones y las municipalidades.
Debilidades
• La conformación de la Comisión y su informe debieron darse mucho antes que el referéndum del 9 de diciembre del 2018. Debido a que sus insumos pudieron jugar un rol determinante en la convocatoria de dicho referéndum, el mismo que sólo tenía como sustento las emociones del Presidente de la República, y aprovechando el descontento social por un parlamento desprestigiado por sus propios méritos, propuso preguntas al electorado, las mismas que buscaban más que una reforma, ser una estrategia para lograr cierta popularidad.
• Pese a que su contenido académico le da fortaleza, pero su excesivo uso de referencias literarias lo convierte en un documento en demasía abstracto. En lugar de enfocarse en los hechos y tendencias del sistema político, el documento nos ofrece un “diagnóstico de conceptos”, esto es, un ejercicio teórico de que se dice y se piensa.
• La base de consulta de la Comisión ha sido muy reducida y se diría hasta elitista. Ha consultado y mantenido un dialogo con actores sólo en la capital Lima, con representantes de los poderes del estado e instituciones públicas, con Organizaciones de las Sociedad Civil (ONG) de Lima, expertos, representantes del sector privado organizado y algunos organismos internacionales. No ha llevado a cabo diálogos con las asociaciones de estudiantes universitarios del Perú, los colegios profesionales de las principales regiones, así como con los frentes de defensa y mucho menos con organizaciones de la sociedad civil fuera de Lima. Esto explica en parte la perspectiva de la Comisión un tanto centralista, y propone por ejemplo la representatividad ante los consejos regionales y municipales sea de acuerdo al número de población y no en base al territorio, expresión de un centralismo que no es nuevo en el Perú, y que pese a la existencia regiones y municipalidades, se sigue con la costumbre colonial de ir a la capital a pedir recursos o favores para la ejecución de proyectos.
• Hay una falta de análisis en cuanto a ciertas propuestas como es el caso de la publicidad de los afiliados. La Comisión plantea que la afiliación a un determinado partido debe ser pública, sin tener en cuenta que conforme al artículo 2 inciso 18 de la Constitución toda persona tiene derecho a mantener en reserva sus convicciones políticas, además de que ésta publicidad reforzaría la discriminación estructural que hay en el país. Cuando se tiene una burocracia cambiante en función a quien ejerce el poder, no se puede plantear una media que refuerce estas actitudes discriminatorias. Asimismo plantea que el número de congresistas para la Cámara de Diputados y la Senadores sea establecido por Ley Orgánica de Elecciones y no en la Constitución, lo cual transgrede el principio de equilibro de poderes y dejaría abierta la posibilidad al manejo populista del número de representantes. Finalmente el informe también contiene incongruencias, pues por un lado plantea que el número de congresista sea fijado por ley, pero por otro lado en la propuesta legislativa de modificación del artículo 101, en el resumen de la exposición de motivos se establece que el número de miembros de la Comisión Permanente sea de 26 Diputados y 10 Senadores.
• Se propone la eliminación como causal de vacancia de la Presidencia de la República la incapacidad moral, bajo el argumento de que se trata de una incapacidad mental, y esto no es del todo cierto. Por ejemplo, lo sucedido con la renuncia forzada de Pedro Pablo Kuczynski no fue debido a su salud mental, sino por los serios cuestionamientos éticos de haber faltado a la verdad. De allí, que la inmoralidad, a diferencia de la ilegalidad, implica la falta de cumplimiento en las formas de actuar conforme a los principios éticos que guían el ejercicio del poder. Eliminar ésta causal y pretender justificar la falta de veracidad de las autoridades elegidas. Además conforme al Código de Ética de la Función Pública, la falta de integridad ética y moral conlleva a una serie de consecuencias legales. No nos confundan con que moralidad tiene que ver con locura. Finalmente proponen un retroceso en el tema de la residencia fija en el distrito, provincia o región para ser electo. Ya una reciente reforma permitió la alternancia entre haber nacido en la localidad o tener residencia, lo cual implica un avance y permite la participación más democrática, mientras que la residencia fija que propine la Comisión, además de ser un requisito posible de manipulación, no ha dado garantía de mejor gobernabilidad cuando estuvo vigente.
Propuestas:
• Hay la necesidad de convocar a una ASAMBLEA CONSTITUYENTE, debido a que las reformas profundas, aquellas que no sólo implican un maquillaje del sistema actual, requieren de un nuevo contrato social, el mismo que debe tener participación de todos los actores políticos y sociales. Además ya el Tribunal Constitucional en reiteradas jurisprudencias a declarados la inconstitucionalidad de determinadas leyes, debido a que el poder constituido (el parlamento actual) se extralimitó en sus funciones, transgrediendo la voluntad política del poder constituyente (Congreso Constituyente Democrático, que elaboró la Constitución de 1993). En ese sentido toda reforma profunda que implique el cambio constitucional, debe necesariamente pasar por una Asamblea Constituyente, a fin de darle legalidad y sostenibilidad a los procesos de reforma.
• El fortalecimiento de los partidos políticos y la conformación de las fuerzas políticas requiere de medias que van más allá de las afiliaciones, la presencia a nivel nacional y porcentaje de autoridades electas. Es necesario que las curules/escaños del parlamento y los concejales a nivel regional y municipal sea asignados al partido y no a la persona, para lo cual los partidos deben presentarse la lista de titulares y accesitarios, y en caso el titular tenga problemas con la ley o sencillamente quiera renunciar, ocupa su lugar el accesitario. Esto implica también que se debe eliminar los Grupo Parlamentarios, que sólo sirven para el tráfico de intereses grupales y no tiene representatividad. Por ejemplo, en la reciente elección general, los electores votaron por partidos para ser representados, y actualmente existen más de 10 grupos parlamentarios de los cuales casi el 50% no participaron en las elecciones generales como grupo parlamentario, careciendo de representatividad. El hecho de asignar un puesto en el Congreso o los consejos a un partido, permitirá mantener la expresión de voluntad popular.
• En caso de volver a la bicameralidad, lo cual es bueno, se debe establecer las cuotas de representación en base a la Regiones. Es incongruente tener un mapa político donde se establecen las regiones, se les asigna recursos y una significativa carga burocrática, pero no son tomados en cuenta al momento de establecer los criterios de representación nacional ante un Senado, y se mantiene el viejo mapa político de los Departamentos. En caso contrario, si es que se persiste en la representación por Departamentos, se debe tomar la decisión de eliminar la Regiones, ya que su existencia en el mapa político no tendría razón de ser, sino son fuentes de representatividad a nivel nacional.
• Las sanciones por la falta de cumplimiento, por parte de los partidos, en cuanto se refiere a las rendiciones de cuenta deben ser más drásticas y no simplemente el pago de multas. Si un partido no rinde cuentas es porque no tiene la justificación del origen y el uso de recursos económicos, lo cual debería ser sancionado con la pérdida de los resultados electorales. Las sanciones que se proponen es un absurdo y no corrige en nada la situación actual. Pues es como si por ejemplo un profesional se titula y se tiene que no ha aprobado algunas materias, como sanción le dicen que pague una multa y siga ejerciendo su profesión, claro esto no pasa, pues la sanción es la anulación del título. Pasa lo mismo en el proceso electoral, cuando un partido gana las elecciones con dinero ilegal, el proceso de elección es contaminado y su resultado obedece a ésta ilegalidad, debiendo ser la sanción correcta la pérdida de los resultados electorales.
• Se debe mejorar los requerimientos para la elaboración y ejecución de los planes de gobierno. Actualmente los planes de gobierno son documentos de publicidad y propaganda política, más no así documentos de gestión estratégica. Es importante incorporar elementos para la periodicidad de los planes, estos es, qué se va a ser el primer año, el segundo año y así sucesivamente. Asimismo se debe incorporar la obligatoriedad de un presupuesto y prognosis de gasto. De igual forma, a fin de lograr una verdadera gestión por resultados, se debe incorporar la obligatoriedad de que cada institución formule su plan anual de actividades, el cual debe estar en concordancia con la presupuesto institucional de apertura y un informe anual que debe ser evaluado por la Contraloría General de la República. Asimismo, se debe incorporar la obligación de formular cada año una prognosis del presupuesto para los próximos tres años. Estos documentos permitiría transparentar la gestión, exigir responsabilidad y mejorar significativamente la gestión por resultados.
• Un tema ausente en el informe de la Comisión es el tema de pago de impuestos. Se debe incrementar la base y presión tributaria, pues un elector que no paga impuestos, es simplemente un elector oportunista (solo en elecciones) y pasivo en el debate político. El pago de impuestos, por más mínimo que sea, genera un sentimiento de pertenencia y de propiedad de la cosa pública. La falta de credibilidad en el estado y por ende la evasión tributaria, a fin de no dar recursos a los corruptos, es un círculo vicioso que genera mayor informalidad y pobreza. Es importante generar y promover la cultura del pago de impuestos, y a partir de allí mejorar la calidad de los ciudadanos.
Un tema también ausente en el informe de la Comisión es la educación. Todo sistema político responde a una formación en el cual la educación es determinante. Se debe incorporar en el Plan Curricular Educativo, en todos sus niveles, temas de ejercicio activo de la ciudadanía y mapas políticos, a fin de elevar el nivel de conocimiento de los actores políticos y formarse una identidad política.
