Lincoln Onofre. Politólogo
Se entiende por valor público a la relación entre el bien o servicio que brinda el Estado, la efectividad de su utilidad y la valoración del impacto que produce en los ciudadanos. Para ello la cadena de valor identifica una secuencia de procesos divididas en dos esferas:
La primera, corresponde a las instituciones públicas, responsables de planificar el desarrollo sectorial o territorial, establecer los objetivos para revertir situaciones complejas (problemas públicos) o aprovechar oportunidades en el mediano y largo plazo. Para ello, es necesario disponer de los recursos (humanos, logísticos, económicos), seguir los procedimientos institucionales y realizar actividades, es decir, brindar los servicios establecidos con anterioridad. De ahí que una de las formas de medir el desempeño de la institución está relacionado con la ejecución del presupuesto, la consecución de las actividades programadas y el logro de metas.
La segunda esfera es social, inicia con el acceso a las actividades ofertadas por las instituciones y luego, una secuencia de evaluaciones sobre el servicio o actividad ofertada. Desde la satisfacción por el servicio recibido, la utilidad del servicio y, finalmente la evaluación del cambio que genera a nivel individual y colectivo (valor público). En esta esfera no corresponde al sujeto evaluar sobre la esfera institucional. De hecho, pocas veces está interesado en saber sobre el presupuesto asignado o los procedimientos internos que debe seguir cada una de las actividades a realizar.
Dicho esto, pareciera que a nivel municipal y regional, las autoridades y funcionarios se ubican más en la esfera social y olvidan el rol (exclusivo) que les corresponde en la esfera institucional. El problema público de la seguridad ciudadana es un claro ejemplo de acción y omisión.
La Municipalidad de Huamanga (o cualquiera de los distritos metropolitanos) publicita, como logro, casos particulares y hasta fortuitos sobre la detención de sujetos de mal vivir que cometen fechorías, frecuentemente en las inmediaciones del centro histórico; difunde la intervención y clausura de discotecas que no cuentan con los permisos correspondientes. Si bien estas acciones no son equivocadas, cabe señalar que, detrás existe un conjunto de procedimientos que no son advertidos e implementados oportunamente por los propios funcionarios. Un sereno que carece de los implementos necesarios para salvaguardar su integridad (chaleco antibalas), que desconoce los procedimientos y protocolos de actuación, se enfrenta a delincuentes armados, realizando acciones que corresponden exclusivamente a la Policía Nacional (muchas veces ausente); al cabo de unos minutos, la detención es realizada por un efectivo policial turístico que tampoco cuenta con los implementos necesarios (grilletes) y la presión de los ciudadanos, también expuestos. ¿Qué explicación darían las autoridades si se desataba una balacera?
Una manera de saber si esta actuación tiene valor público es respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Después de la captura del delincuente en las inmediaciones de la plaza de armas por parte de los serenos de la municipalidad, usted se siente seguro? Si la respuesta es negativa, no hay valor público en las actividades que viene realizando la municipalidad en materia de seguridad ciudadana.
En el caso de las discotecas la situación es más compleja; mientras se publicitan intervenciones a locales nocturnos de diversión, a la fecha no se cuenta con un plan de ordenamiento urbano actualizado, una zonificación que desincentive o impulse zonas dedicadas a este rubro; tampoco existen protocolos claros para el otorgamiento de licencias de funcionamiento; en ese desgobierno, los privados buscarán satisfacer la demanda, sortearán las falencias institucionales y serán obligados a recurrir a argucias legales para mantenerse en carrera. ¿Sucedería lo mismo si las reglas fuesen claras? Por supuesto que no.
En el gobierno regional, la situación no es diferente. La autoridad regional, responsable de presidir y liderar el CORESEC, de diseñar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana; sin embargo, no ha priorizado el tema, no lidera ninguna acción, no cuenta con información pertinente y, al ser evidenciado por el Consejo Regional sobre las falencias del documento, prefiere mirar para otro lado, evita, con frecuencia, ordenar la esfera institucional y ubicarse en la comodidad de la esfera social, la del espectador.
A casi un año de culminar el primer año de estas gestiones, parece que nuestras autoridades no caen en cuenta que el lado de la esfera que les corresponde es el institucional y no el de espectadores.
