La Defensoría del Pueblo ha requerido información al Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sobre la cantidad de casos atendidos de 16 de marzo a 16 de junio de 2020.
La Lic. Carolina Vargas, coordinadora regional del Programa Aurora, informó a la entidad supervisora que se han atendido 330 casos en las once provincias ayacuchanas. Entre estos casos, se registraron tres feminicidios consumados en Pucacolpa (Huanta), Chiara (Huamanga) y Tambo (La Mar), donde perdieron la vida Margarita Cárdenas Águila (63) y Feliciana Galindo Bautista (48) y Alejandrina Huaraca Huaman (32), quien fue asesinada junto a su hija de 2 años y hermana de 13. Todas las víctimas eran madres.
La Defensoría del Pueblo ha supervisado el trabajo desplegado por el Servicio de Atención Urgente y los Centros de Emergencia Mujer en toda la región, durante los 100 días del Estado de Emergencia Nacional, a fin de verificar si se viene atendiendo a la población pese a las disposiciones de aislamiento social obligatorio. Del mismo modo, se ha supervisado la atención que brindan la Comisaría, Fiscalías y Juzgados de Familia, a fin de garantizar que se dicten oportunamente las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia.
A petición de la Defensoría del Pueblo, luego de declarado el Estado de Emergencia Nacional, el Gobierno Regional reactivó, virtualmente, las sesiones de la Instancia Regional de Concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, durante el aislamiento social obligatorio. Este espacio multisectorial está conformado por el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Municipalidades Provinciales de Huamanga, Huanta y La Mar, Direcciones Regionales de Salud y Educación, Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana, Programa Aurora, Centros de Emergencia Mujer, Manuela Ramos y Asociación Kallpa.
La Instancia de Concertación Regional se ha declarado en sesión permanente, a fin de realizar el seguimiento de los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar que se presenten durante el Estado de Emergencia Nacional, cuya agenda recoge la problemática que la Defensoría del Pueblo advierte en el ejercicio de su labor supervisora.
