Jans Cavero
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En los próximos días fenece la coyuntura electoral y se inicia el nuevo gobierno elegido en un proceso democrático, según las reglas electorales de la democracia liberal burguesa. Si de por sí resulta complejo ganar una elección nacional, en un contexto de polarización política, más complicado resulta ser gobierno, por cuanto ello implica demostrar capacidad directiva para implementar políticas públicas de vanguardia que cuestionen el statu quo, el modelo económico neoliberal y el propio sistema constitucional.
El escenario político que se avecina se caracterizará por una fractura seria en la relación política Parlamento – Ejecutivo, con una cámara legislativa renuente a viabilizar políticas prioritarias del gobierno y un afán de conspiración contra de la estabilidad del gobierno expresado en interpelaciones, censuras e iniciativas de vacancia presidencial, carentes de fundamentación política razonable. El resultado de esta conjunción de factores será la presencia de un Ejecutivo relativamente débil, más débil que los gobierno de PPK, Vizcarra y de Sagasti, quienes tuvieron el espaldarazo de poderes fácticos. Es más, Vizcarra, antes de conocerse los actos de corrupción en los que estaba inmerso, tenía amplio respaldo popular, sobre todo cuando planteó el referéndum y disolvió el Congreso boicoteador.
Bajo este panorama lúgubre, surge la interrogante ¿Qué hacer? En realidad, son varios frentes que hay que batallar. A nivel de Parlamento, se debe consensuar una agenda legislativa que ponga por delante el desarrollo del país. Urge tender puentes con otras bancadas para neutralizar discusiones estériles, desterrar iniciativas retrógradas y neofascistas, bloquear propuestas que desnaturalicen un adecuado control político de un Parlamento con sed de venganza y donde es notorio el incremento de presencia militar altamente conservadora, carente de planteamientos innovadores y escaso de capacidad fiscalizadora. Por cierto, las bancadas de izquierda, Perú Libre y Juntos por el Perú, deberán mostrar talante político, liderazgo congresal, sólido equipo de asesores, priorización de temas estratégicos y tácticos, descartando de la agenda parlamentaria asuntos inocuos.
La propuesta de un proceso constituyente es necesaria, pero resulta indispensable explorar otras vías para viabilizar su realización, máxime si estamos ante un Congreso opositor a cualquier cambio sustancial del sistema político y económico que demanda un gran sector social. Para bien o para mal, el fenómeno Castillo ha logrado lo que no pudo la Izquierda Unida con Barrantes, siendo importante el concurso de toda la izquierda en la gestión de gobierno, tomando en cuenta que el fracaso de Castillo será el fracaso de la izquierda al frente de un gobierno nacional. Por cierto, esta concurrencia dependerá de la voluntad política no solo de Castillo, sino también de Perú Libre.
En este sentido, hay que saludar la iniciativa de constituir un frente democrático que integre en su seno a organizaciones políticas y sociales y que trascienda reivindicaciones meramente corporativas, sectoriales o sindicalistas. Si la apuesta central de este frente democrático, al margen de la denominación que ostente, es dar soporte político e institucional al gobierno de Castillo, podríamos estar ante un esfuerzo unificador sostenible en el tiempo; caso contrario, asistiremos a un intento coyuntural que va a reventar en el corto plazo, imponiéndose las posiciones sectarias hambrientas de poder. Es factible y natural que haya discrepancias internas a nivel del pacto político Perú Libre – magisterio, sin embargo, cualquier intento de ruptura será un flaco favor a la derecha reaccionaria.
Finalmente, a nivel del nuevo gobierno se erige como punto clave la conducción del Poder Ejecutivo, toda vez que ella será el termómetro para medir la legitimidad de ejercicio. Lo primero que debe aceptarse, al menos en discusiones académicas, es que un partido político disputa una elección para dirigir la política de gobierno sobre la base del Programa de Gobierno, modificado antes de la definición de la agenda pública. De este modo, si gana la derecha, está legitimado para gobernar el país, y si gana la izquierda es ésta la que llamada a gobernar y conformar el equipo técnico. La CONFIEP, las universidades, los colegios profesionales, los medios de comunicación, no pueden imponer un gabinete.
Lo que sí deben cuidar los partidos políticos que son gobierno es que el equipo técnico propuesto debe responder necesariamente a determinados perfiles, caso contrario estaremos ante la crónica de una muerte anunciada. Bajo esta perspectiva, Perú Libre tiene el derecho de participar en algunos ministerios, siempre que los profesionales propuestos cumplan con el perfil requerido, con el marco legal vigente, y que no estén incursos en causales de impedimentos o inhabilitación para la función pública. Los partidos políticos aliados, también están en condiciones para participar del gobierno. Inclusive, si hay organización política de espectro ideológico distinto que quiere aportar su know how no puede ser rechazada de plano, pues se hace imprescindible gobernar en gobernanza.
A su vez, el profesor Castillo debe convocar a otras organizaciones y profesionales independientes para conformar su gabinete, pues sería un error gobernar sólo con organizaciones políticas. Inclusive, son aptas a ser llamadas personas que teniendo ideología no de izquierda pueden aportar al desarrollo del Perú. Para un profesional reputado académicamente bastarían dos precondiciones: honestidad y capacidad directiva. En todo caso, en un escenario muy polarizado, no amerita cerrar las puertas de la función pública a quienes estén en condiciones objetivas de darle valor agregado al gabinete.
En resumen, los nuevos temas de deliberación pública en la nueva coyuntura post electoral serán las relaciones Parlamento – Gobierno, el proceso constituyente, la constitución de espacios de naturaleza político social para dar el soporte político al nuevo gobierno, la conformación de un gabinete amplio, renovador, con capacidad de gestión, abierto y plural para ejecutar la agenda pública. Si el nuevo Congreso dice haber superado comportamientos antidemocráticos tiene como primer reto lo siguiente: Otorgar el voto de investidura al primer gabinete que concurrirá ante él para solicitar la confianza.
