La Defensoría del Pueblo, ahora con Eliana Revollar como encargada de la Jefatura de esa entidad se pronuncia y rechaza la promulgación de la Ley 31484
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su rol constitucional de defensa de los derechos fundamentales y supervisión de la administración estatal, manifestó mediante el Pronunciamiento n.° 23/DP/2022, del 5 de mayo de 2022, que el presidente de la República debía observar la autógrafa de ley que modificaba el cronograma de elecciones regionales y municipales en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica del proceso electoral. En ese sentido, reitera que:
- Ampliar los plazos de la inscripción de candidaturas y modificar las reglas de las elecciones internas, pone en riesgo la seguridad jurídica con que debe contar todo proceso electoral, y que implica mantener las reglas y principios que las rigen de principio a fin, por lo que alterarlas perjudica este pilar fundamental de todo proceso electoral.
- Además, como ha señalado el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, la seguridad jurídica es un pilar fundamental de todo proceso electoral, de forma que los plazos electorales son preclusivos y perentorios. El respeto del proceso en su conjunto es una garantía del Estado democrático y constitucional de derecho.
- De la misma manera, no se ha tenido en cuenta el presupuesto que se destinaría con esta ampliación, así como la fuente de donde se obtendría el mismo, ni la viabilidad de su realización.
- Aunado a ello, la ampliación de plazo de 10 días antes de la fecha de inscripción de candidaturas para llevar a cabo elecciones podría afectar el cronograma electoral aprobado en su oportunidad y que era de conocimiento público, puesto que el 14 de junio es la fecha para la inscripción de candidaturas, quedando tiempo solo hasta el 4 de junio para llevar a cabo estas elecciones internas.
- Por lo expuesto, rechazamos la promulgación de esta Ley que afecta la seguridad jurídica de las elecciones internas y respaldamos la posición de los organismos electorales que en su comunicado conjunto del 25 de mayo del presente año han manifestado que se trata de una ley jurídica y materialmente imposible de cumplir.
