Durante la última Sesión Ordinaria, el pleno del Consejo Regional de Ayacucho aprobó por unanimidad el informe de fiscalización practicada al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Huanta”, sustentado por la consejera por la provincia de Huanta, Cleofé Pineda Gamboa.
El Instituto, durante el ejercicio fiscal 2021, captó recursos provenientes de los alumnos, entre otros, por la suma total de S/ 222,835.40, habiéndose ejecutado S/ 117,198.80, presumiéndose con el objetivo de fortalecer la gestión de la entidad contribuyendo a su auto sostenimiento y desarrollo institucional.
Durante el periodo 2021, la entidad no contó con el Plan Anual de Adquisiciones, herramienta que permite planificar en cumplimiento de las metas y objetivos, es más no se designó al Comité de Gestión de Recursos Propios; siendo esta responsable de la planificación, organización, dirección, ejecución y evaluación; así como de la administración de los recursos y la documentación sustentatoria de la ejecución de gastos, sólo se encuentra suscrita por la administradora y autorizada por el director del instituto.
Por tanto, se encuentra demostrado que las adquisiciones efectuadas, no habrían sido programadas, apreciándose entre ellos, los gastos por concepto de refrigerio y otros. El Instituto, ha venido generando ingresos por cobros de diferentes conceptos, haciendo uso del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado mediante Ordenanza Regional N° 010-2017-GRA/CR, de igual forma en el presente periodo estaría ocurriendo lo mismo, incumpliendo la aplicabilidad del TUPA vigente, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 004-2021-GRA/CR.
La institución, no cuenta con el inventario de bienes patrimoniales, tampoco se designó a la comisión para la toma de inventarios; no se dio importancia a la inventariación de los bienes muebles, pese a que cuenta con activos fijos, implementado con equipos modernos, advirtiéndose la carencia de dicha información, no mostraría la existencia real de los bienes, no permitiría contrastar el resultado con el registro contable, limitando investigar las diferencias tanto de los bienes faltantes y/o sobrantes; y con la sorpresa de que los equipos nuevos no habrían contado con la transferencia respectiva.
Se encuentra acreditado el retardo del inicio de las labores académicas, correspondiente al 2022, debido a la presunta falta de atención de la Dirección Regional de Educación, respecto a la designación de los cargos de Gestión Pedagógica, Coordinadores de manera parcial, falta de docente en la especialidad de Industrias Alimentarias y personal docente contratado, conforme al Plan Anual de Trabajo 2022.
Está establecido, que al señor Teodardo Otto Quispe Antezana, se le concedió licencia con goce de remuneraciones por representación sindical a tiempo completo en su calidad de secretario de organización, y a doña Enma Jara Vega, a tiempo parcial en su condición de secretaria de la mujer del “Sindicato de Servidores Administrativos de Educación Superior – Ayacucho” – SSAES.
Esto no significaría que ambos dirigentes sindicales tenían el derecho a la inasistencia permanente y/o parcial a su centro de labores, según corresponda, sino tenían que justificar su derecho de licencia sindical para ejercer actos de naturaleza sindical, caso contrario debieron de asistir a su centro de labor y efectuar sus labores; presuntamente no habrían justificado su licencia sindical.
Está establecido que la señora Ida René Huamán Barzola, Licenciada en Enfermería, es docente estable (nombrada) del instituto, y habría prestado servicios simultáneos en tres instituciones públicas, aprovechando la Emergencia Sanitaria nacional, entre diciembre de 2019 a diciembre de 2020, habiendo laborado simultáneamente en distintas ciudades como: directora General del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “María Parado de Bellido”; docente estable en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huanta; y como enfermera en el Hospital Nacional Hipólito Unanue de Lima (trabajo presencial). Por otro lado, la enfermera habría aprovechado para laborar remotamente en dos instituciones educativas; constituyendo una posible doble percepción de remuneraciones. De la constatación física, se advirtió que el Tecnológico, no cuenta con la implementación del Libro de Reclamaciones, siendo de obligatoriedad de las entidades del sector público, a fin de que las disconformidades, quejas o reclamos de los ciudadanos se plasmadas.
Finalmente, Cleofé Pineda, recomendó para que el informe de fiscalización, sea remitido al Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación Ayacucho.
