Jans Cavero
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El 01 de enero de 2023 asumirá sus funciones el nuevo Consejo Regional de Ayacucho. Según los resultados oficiales reportados por la ONPE, el ejecutivo regional no tendría mayoría en dicho cuerpo legislativo, compuesto por 17 consejeros regionales, lo que supone que ambos estamentos tendrán que realizar coordinaciones permanentes para implementar las políticas públicas que requiere nuestra región, más aún si están en juego la gobernabilidad y el desarrollo humano.
Mediante Resolución N° 912-2021-JNE se dispuso que Huamanga tenga 3 consejeros y que las provincias de Huanta, La Mar, Lucanas y Cangallo tengan 2 consejeros cada una. El resto de provincias mantiene un solo consejero regional. Es así que la composición del nuevo legislativo regional, en función a los votos obtenidos en las elecciones regionales 2022, sería la siguiente: 10 escaños para el movimiento Agua (Cangallo, Huamanga, Huancasancos, Lucanas, Paucar del Sara Sara, Parinacochas, Huanta, La Mar, Sucre, Vilcashuamán); 06 para el partido de gobierno Warillaqta (Fajardo, Huanta, La Mar, Huamanga, Cangallo, Lucanas); y, el último escaño, correspondiente a Huamanga, podría recaer en el Pico o en Warillaqta.
En un sistema de pesos y contrapesos (check and balances) el respaldo político del legislativo al ejecutivo resulta clave para la gobernanza de un territorio, más aún en un contexto de fuerte polarización política, crisis partidaria y desafección política. Es por esta razón que los gobiernos de turno han necesitado de sus parlamentos para poder gobernar y ejecutar sus agendas públicas. Cuando los gobiernos no han tenido mayorías congresales, han aflorado confrontaciones políticas innecesarias, fiscalizaciones inocuas, solicitudes de vacancia por incapacidad moral, y un ejercicio arbitrario del control político convertido en un instrumento de venganza.
Existen dos formas por las que un gobierno puede tener mayoría en su cuerpo legislativo: i) en forma natural, ganando mayoría en una elección democrática; ii) en forma artificial, a partir del reclutamiento de tránsfugas o “comprando” aliados a cambio de sumas de dinero, otorgamiento de favores políticos, cesión de una cuota de poder, transferencia de algunas decisiones, entre otros mecanismos deleznables. Precisamente, sobre esta segunda forma de lograr mayorías, nuestra historia política de los últimos 30 años desnuda acontecimientos vergonzosos, siendo ilustrativos los vladivideos que involucraron a la élite política fujimorista.
En efecto, a través de su operador y asesor político, Fujimori compró congresistas para alinearlos a su programa de gobierno corrupto. El video de Montesinos comprando a Beto Kouri es una clara demostración de un gobierno que necesitó de alfiles para institucionalizar acciones contrarias a la ley; asimismo, en el ámbito regional, el audio de Oscorima con el entonces consejero por Cangallo, Vicente Chaupín, ofreciéndole 20 mil dólares para votar por Rubén Loayza, evidencia que la compra de consejeros no es ajena a la realidad política ayacuchana. Tanto Wilfredo Oscorima como Carlos Rúa gozaron de mayorías artificiales al interior del consejo.
Si bien el grueso de movimientos políticos regionales sucumbió a propuestas indecentes del ejecutivo regional, la pregunta del millón es: ¿tendrá el movimiento Agua la capacidad suficiente para no hipotecarse al nuevo gobierno de Oscorima?, ¿el Agua se mantendrá como una auténtica bancada de oposición constructiva?, ¿los consejeros del Agua permanecerán unidos durante el periodo de mandato?, ¿habrá transfuguismo en el Agua?, ¿será capaz el Agua de realizar acciones de fiscalización efectiva sobre la gestión de gobierno?, ¿los consejeros del Agua responderán a la voluntad general de la región, o por el contrario responderán a intereses particulares, intereses económicos o netamente corporativos?
Las respuestas a las interrogantes planteadas van a depender de diversos factores, siendo el más importante el grado de interiorización de valores que cada uno tiene. Si estamos ante consejeros comprometidos con la ética y para quienes la integridad pública es el pilar fundamental de su actuación cotidiana, no habrá oferta alguna que los alinee a comportamientos irregulares e ilegales del ejecutivo regional. A su vez, el compromiso real con el ejercicio de sus funciones será un factor determinante para fiscalizar la gestión pública de la administración regional, de modo tal que no queden impunes los actos de corrupción y el ejercicio gubernamental negligente.
No menos importante son los factores que tienen que ver con la formación política e identidad partidista, el nivel de profesionalización, así como la experiencia en diversos ámbitos de gestión. Una formación política adecuada e identidad con la organización permite mantener cierta disciplina partidaria. De esta manera, se diluye cualquier transfuguismo convenido que no responda a un voto de consciencia. Al militante comprometido con su organización puede no gustarle una decisión política colectiva, pero la acata por respeto al principio del centralismo democrático.
El nivel de profesionalización de un consejero también juega un rol importante para el ejercicio del mandato. Si bien, la formación profesional no es un requisito para ser candidato a consejero, su aporte a nivel legislativo y fiscalizador tendrá un valor agregado en tanto esté premunido de un nivel de profesionalización aceptable. No perdamos de vista que los consejeros integran diferentes comisiones temáticas y comisiones de investigación, siendo relevante el aporte profesional de aquellos, a fin de garantizar calidad en los informes de fiscalización y proyectos normativos.
Finalmente, la experiencia de un consejero en diferentes ámbitos de gestión es un factor trascendente que no puede soslayarse. Hay consejeros que fueron alcaldes, funcionarios, servidores públicos, para quienes la gestión pública no les es ajena. Siendo así, conocen el funcionamiento de los diferentes sistemas administrativos y funcionales, lo cual es una ventaja frente a consejeros que vienen del sector privado. Bajo esta perspectiva, se garantiza un mejor trabajo fiscalizador en los ámbitos presupuestales, de inversión pública, gestión del abastecimiento, documentos de gestión, servicio civil o función pública, modernización de la gestión, entre otros.
Si Oscorima no logra tener una mayoría artificial al interior del consejo regional probablemente obstruirá su funcionamiento. Para ello basta invocar restricciones presupuestales y limitaciones logísticas y de personal que impiden un eficaz ejercicio de atribuciones y competencias del cuerpo legislativo. Un consejo regional carente de recursos logísticos, recursos humanos, presupuesto, recursos tecnológicos, no tendrá el rendimiento que la ciudadanía espera, generándose una pérdida de legitimidad.
El descrédito social de un consejo sumiso e irresponsable, sumado al 93% de ayacuchanos que tiene desconfianza en su gobierno regional (ENAHO, 2021), supondría el agravamiento de nuestra frágil institucionalidad y el grave riesgo de que nuestra región se vuelva ingobernable.
