Jans Cavero
La crisis actual que está experimentando nuestra primera casa de estudios no es nueva, ni desconocida. Los problemas más álgidos que arrastra en los ámbitos humanista, administrativo, académico, logístico, recursos humanos, inversión, presupuesto, entre otros, están presentes desde hace más de una década. Lamentablemente, los actores involucrados en la gestión de toda esta problemática han hecho poco o nada por solucionar la crisis, creyéndose erróneamente que el cambio de sus autoridades garantizará la institucionalidad de la universidad y sobre todo la calidad educativa.
Un análisis serio de la crisis en la UNSCH debe partir por realizar una correcta identificación de los actores críticos para luego determinar cómo actúan interdependientemente. Si sólo veo la gestión interna de la universidad, puedo concluir que las autoridades universitarias, los servidores administrativos, el personal docente, e incluso la masa estudiantil, son corresponsables de la crisis. Sin embargo, el problema no solo es la gestión interna, sino también el entorno que rodea a la universidad.
Precisamente, parte de ese entorno es la ley universitaria cuyo error fundamental radica en permitir que la universidad sea gestionada por un académico y no por un directivo público. Cuando la norma exige que para ser rector debes ser docente ordinario en la categoría de principal, con no menos de cinco (5) años en la categoría, el resultado es desalentador, pues no hay forma de que un directivo público (no docente universitario o profesor joven) pueda liderar la dirección, conducción y gestión del gobierno universitario de modo eficaz, eficiente e innovador.
En este extremo, creo que la ley universitaria debe modificarse, toda vez que lo que la UNSCH y otros centros de enseñanza superior requieren son directivos públicos y no catedráticos con reputación académica. No perdamos de vista que el core business de un académico es la investigación científica y tecnológica, la formación académica y humanista de los alumnos, la formación profesional, y no precisamente el management. La responsabilidad por introducir esta mejora al marco normativo corresponde al MINEDU, SUNEDU, colegios profesionales, el Congreso de la República.
Conviene señalar que las universidades gozan de autonomía institucional reconocida por la Constitución y la ley. Sin embargo, esa autonomía se suele usar no para avanzar e innovar, sino para preservar un statu quo que se sustenta en una burocracia poco funcional que gobierna la gestión interna de la universidad. Aquí hay un desafío pendiente, porque el personal administrativo nombrado está premunido de una cultura organizacional adversa al cambio y a los nuevos desafíos de un mundo cada vez más globalizado. El MEF, PCM, SUNEDU, SERVIR, tienen que actuar buscando la profesionalización de esta burocracia para revertir esta situación.
Ciertamente, parte importante del problema es el factor remunerativo del personal administrativo, tan venido a menos. Aquí, el MEF tiene que flexibilizar su política restrictiva de gasto y permitir que las universidades, utilizando sus recursos directamente recaudados, incrementen la remuneración de sus servidores públicos no docentes. Con sueldos nada atractivos para un mercado laboral competente, se elevan los incentivos para la corrupción, la transgresión de los sistemas administrativos, la gestión pública deficiente, ineficaz e ineficiente. Fijándose, además, bonos por éxito y buen desempeño se atacaría el componente administrativo de las universidades.
De esta manera, si funcionan adecuadamente los recursos humanos en el plano de la gestión interna, la universidad será capaz de gestionar proyectos de inversión pública, ejecutar obras para contar con infraestructura productiva, aulas y pabellones, comedores, bibliotecas, espacios de recreación y ocio, entre otros que coadyuven a la formación integral de la comunidad universitaria.
La UNSCH no debe revertir año tras año ingresos ordinarios al tesoro público, como tampoco puede darse el lujo de inutilizar espacios y terrenos que bien podrían ser concesionados a privados con reglas de juego claras y con un costo beneficio favorable a la universidad. La imagen precaria de la Residencia Universitaria, del Programa Pastos, o del ex colegio Guaman Poma de Ayala, es una vergüenza para quienes conocemos sus instalaciones. Aquí hay corresponsabilidad de las autoridades universitarias, incapaces de implementar nuevos mecanismos de gestión para generar recursos propios, y de los estudiantes universitarios a quienes les han hecho creer, en parte por cuestiones ideológicas, que hay que ahuyentar al privado.
La gestión público – privado no debe descartarse sin hacer un análisis serio del contexto. Hace falta una mirada a las experiencias de La Agraria, la UNI, la PUCP, la UNMSM, entre otras universidades del país, que permita recoger aprendizajes e implementarlas en la UNSCH con las adaptaciones que el caso requiera. El privado puede llegar a ser un socio estratégico en diversos ámbitos de la gestión universitaria.
Otra responsabilidad imputable a las autoridades universitarias es la designación de sus funcionarios públicos. Se insiste en funcionarios poco competentes y que no dan la talla para conducir un órgano o una unidad orgánica de la UNSCH. Me pregunto: ¿es difícil contratar a un buen director de planificación y presupuesto?, ¿resulta complicado tener a un director de inversión y obras competente?, ¿no es fácil contratar a un administrador de peso o a un asesor legal? Obviamente, por S/ 4,000 mil soles mensuales, no se tendrá a un directivo público competente. No obstante, en tanto se trabaje a este nivel, las autoridades universitarias tienen que promover los cambios urgentemente.
La alta dirección de la UNSCH y los estudiantes universitarios se equivocan cuando creen que la contratación de más docentes es la solución. La universidad requiere más docentes, sin duda, pero docentes de calidad. Si contrato docentes sólo para impartir clases en aula, sin ahondar en la reputación académica de los mismos, se estará llenado la casa de estudios de profesores incompetentes, carentes de compromiso con la institución; interesados sólo en la retribución económica que, aunque ínfima, aporta en contextos de crisis económica; enfocados en cumplir sus horas de dictado y no en una formación integral y humanista del alumno.
Naturalmente, el sueldo de los docentes universitarios debe nivelarse a montos atractivos que incentiven a dedicarse a la universidad a tiempo completo. A su vez, deben implantarse nuevas metodologías de enseñanza; exigirse la actualización permanente en nuevos temas producto del avance y las nuevas transformaciones de la sociedad del conocimiento; debe planificarse adecuadamente las carreras y facultades para alinearlas al mercado laboral vigente y a las necesidades de nuestra región. En este punto, la responsabilidad es del ámbito académico y del comité de selección. El solo hecho de consignar requisitos irrazonables para presentarse a un concurso, o no publicar oportunamente las convocatorias, hace presumir que los concursos están direccionados, vulnerando el principio de la meritocracia.
Por lo tanto, si no se gestiona adecuadamente las interdependencias del entorno, poco o nada se habrá hecho. En un escenario en el que está en juego la renovación del licenciamiento institucional el problema central de la UNSCH va más allá de sus autoridades universitarias. Si éstas han perdido legitimidad de ejercicio, o deben dar un paso al costado o deben ser vacados si existe causal válida. Pero insisto, ello no es lo central del problema. Un cambio de autoridades será más de lo mismo.
