Raúl Vegas Morales
La situación del gobierno es cada vez más grave. El inédito allanamiento del despacho y vivienda de congresistas y otra gente de confianza del presidente, dan cuenta del avance de las investigaciones de la fiscalía y la intención de no cejar ante el poder político. Así, la política en Perú se va judicializando, el congreso prepara nuevos argumentos para destituir al presidente.
Para la denuncia constitucional presentada ante el congreso por la fiscal de la nación, el argumento invocado es la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que ha suscrito Perú, sin embargo, éste acuerdo, así como lo quieren aplicar, colisiona con la Constitución, específicamente con el artículo 117 que indica los motivos por los que podría ser acusado constitucionalmente el presidente. Para aplicar lo de la Convención de las Naciones Unidas se tendría que modificar el artículo 117 de la Carta Magna siguiendo el proceso de dos legislaturas, eso si existiese una convivencia civilizada entre los poderes del estado.
Pero nada de eso, tenemos una situación inédita en que el ejecutivo, legislativo y ministerio público se encuentran dentro del conflicto. Así, las decisiones sobre la permanencia del presidente ya no obedecen al mandato constitucional sino a votos en el congreso. Ante esa realidad, presidente Pedro Castillo ha presentado una demanda de amparo pidiendo se anule todo lo actuado por la comisión de fiscalización que preside el fujimorista Héctor Ventura, el informe que prepara la acusación por traición a la patria y la propuesta aún no nata de la tercerea vacancia presidencial.
Lo que está ocurriendo es un aceleramiento de procesos. La fiscalía acusa al presidente por tráfico agravado y colusión que de por sí no ameritan una acusación constitucional, pero el escándalo es tan grande que los tecnicismos legales van cediendo paso al juicio político, así, al margen de si es procedente ya muchos congresistas tienen posición definida.
La inhabilitación para el ejercicio de la función pública podría ser de hasta diez años, sanción máxima de un juicio político, lo que haría que, como dije en columnas anteriores, el fujimorismo asuma nuevamente el control absoluto del país después de 22 años de la fuga de Alberto a Japón.
Castillo ha hecho los méritos suficientes para el actual repudio mayoritario. Con su angurria, torpeza y falta de honestidad ha traicionado los legítimos anhelos de un país con mayor integración. La izquierda en el Perú ha perdido prestigio; pasarán muchos años antes de que recupere algo de credibilidad. Por ahora, ha sido sepultada por un sindicalista básico.
