Raúl Vegas Morales
La fauna política peruana ya no tiene ningún respeto por el estado de derecho. Obnubilados unos por sacar al presidente Castillo de Palacio y éste y su entorno buscando la sobrevivencia, no dudan en acomodar la legalidad a sus intereses, cada cual a su modo, las “interpretaciones auténticas” de la Constitución y las Leyes son negocio floreciente para los abogados de ambas partes.
El estado situacional de la política peruana es: vacancia de la presidencia de la República o cierre del congreso, una compulsión de fuerzas permanente que está afectando fuertemente a la economía peruana. El presidente del BCR augura que creceremos menos del 3% en este año en que se han avivado los conflictos mineros con fuerte impacto en la economía.
Con la inversión privada paralizada y la inversión pública que al mes de octubre apenas sobrepasa el 50% no puede haber crecimiento significativo pese a los fundamentos económicos que tiene el país. Dinero hay, la recaudación peruana está en buen nivel, sin embargo, las necesidades urgentes no se solucionan porque lo que no hay en el estado es capacidad de realizar gastos de calidad; 32 mil millones del presupuesto de este año, pendientes de gasto, pasan de la incapacidad al escándalo. Seguimos con nuestros harapos sentados en el banco de oro descrito por el italiano Antonio Raimondi.
Hay un entrampamiento en la política peruana. El ejecutivo acusa al congreso de que no le da prioridad a los proyectos de Ley enviados, que los encarpetan con cálculo político, mientras el congreso devuelve la pelota acusando al ejecutivo de no tener interés en reglamentar leyes aprobadas en el congreso. Una pelea entre incapaces que se aferran al poder.
La última carta activada por el congreso es una acusación por traición a la patria. Ante la falta de argumentos legales sólidos, el congreso busca pretextos fatuos para adelantar la culminación del período presidencial cuidando muy bien de que el poder quede en manos de ellos ya que la vicepresidenta Dina Boluarte está a un pequeño soplo de su acusación pendiente.
La ciudadanía en mayoría no tiene apego a ninguna de las dos opciones de este desgobierno bicéfalo. Ni ejecutivo ni congreso; ambos están destruyendo lo poco que queda de institucionalidad y democracia y lo que aún queda de prestigio y credibilidad en el país. La inversión internacional esta espantada y el desarrollo detenido.
Hasta ahora mostré mi desacuerdo con un adelanto de elecciones mientras no cambien las condiciones políticas. Estuve de acuerdo más bien con que se convoque a un acuerdo nacional con un programa inmediato y de consenso, sin embargo, voy perdiendo la esperanza de que los políticos se pongan de acuerdo. Se puede trabajar en paralelo, apoyar un adelanto de elecciones generales con reformas políticas fundamentales que eviten volvamos al actual entrampamiento.
