Por: BORIS PAZ DE LA BARRA, Abogado
Ante la actual crisis política generalizada, es deber y obligación de los Políticos de turno, dar una inmediata solución que calmen los enfrentamientos entre la población y sus autoridades, a fin de que no aumente el número de víctimas mortales, producto de la inexperiencia, insensatez y apetitos de poder, de los actuales y anteriores Gobernantes; crisis que se podría agudizar, si no se busca una salida Constitucional que restablezca el Estado de Derecho; no siendo una solución, decretarse el Estado de Emergencia en algunas regiones o todo el País, ni considerar la presencia de las fuerzas armadas. En tal sentido, resulta necesario buscar fórmulas Constitucionales que satisfagan los intereses sociales de la población en su conjunto y satisfacer el clamor popular “que se vayan todos”, a fin de evitar más llanto y el enlute de más hogares peruanos. Para ello, es imprescindible que tanto la actual Presidenta, así como la totalidad de Congresistas de la Republica, se desprendan de sus investiduras y den un paso al costado, sin esperar agradecimiento, porque es deber de cada uno de ellos y ellas, resarcir de alguna forma, los daños y lo que es peor e irreparable, la pérdida de vidas humanas, por los conflictos que se generaron por sus ansias de repartijas de poder, apoyados por un sector de la prensa, que lo único que buscan por intereses mezquinos es generar más enfrentamiento, hasta lograr que políticos de su preferencia tomen o retomen el poder.
Ante esta grave crisis institucional y moral que viene desangrando nuestro territorio, sumado a la inestabilidad política y económica que atravesamos, resulta imperante tomar medidas excepcionales e inmediatas, antes de que personajes del terror, como los de los años 80 y 90, salgan de sus camuflajes políticos y recuperen territorio y fuerza, por el descontento y desconfianza de nuestra población hacia sus autoridades; en tal sentido, lo primero que necesitamos, es Voluntad Política, porque sin ella, no habrá formula Constitucional que salve nuestra debilitada sociedad; por lo que una vez consensuada la misma, podrán crearse múltiples formas Constitucionales que den paso, primero a unas nuevas Elecciones Generales y de ser el caso, porque no, a una Asamblea Constituyente.
Empero, para ello, resulta necesario unir esfuerzos de las fuerzas políticas de todos los colores, con el único fin de lograr la paz social; y satisfacer esa voz del pueblo que exige “que se vayan todos”; porque por un lado, si se cierra el Congreso, la Presidenta de la Republica, gobernará con la Comisión Permanente, y si renuncia solo la Presidenta, asumirá las riendas de la nación, el Presidente del Congreso, por lo que, ni lo uno, ni lo otro aplacaría esta grave crisis social que atravesamos.
Nos encontramos ante un duro escenario político, donde dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo se encuentran no solo desprestigiados y sin legitimidad social, sino además manchados de sangre y lágrimas, que hacen insostenible la presencia de sus representantes en la estructura del Estado; por lo que ante ello, y con la finalidad de no romper el orden Constitucional y la estructura de nuestro actual modelo de Estado, considero que se podría vía una expeditiva reforma Constitucional (Voluntad política), encargar temporalmente las atribuciones del Presidente de la Republica, previa reforma Constitucional y a través de una disposición transitoria, a otro Poder del Estado, como es, al Presidente del Poder Judicial, como garante de la Institucionalidad y la democracia, hasta que se convoque a Elecciones Generales y se elijan a nuevas autoridades para un nuevo periodo Constitucional; para ello, resultaría necesario no solo una expeditiva reforma Constitucional, sino además una serie de hechos simultáneos, como la modificación de la irrenunciabilidad del mandato legislativo y la posterior renuncia de la Presidenta de la Republica, solo así se cumplirá la voz del pueblo que clama “que se vayan todos”; instalándose de esta manera un Gobierno Constitucional, Transitorio o Provisional, que una vez cumplido su encargo, recobraría plena vigencia nuestro actual modelo de Estado, con sus tres poderes del Estado, fortalecidos con unas nuevas autoridades democráticamente elegidas.
