El Grupo de Trabajo Memorias colectivas y prácticas de resistencia de CLACSO, emite este pronunciamiento respecto a la crisis política-social en el Perú:
EN DEFENSA DE LA PROTESTA POPULAR EN EL PERÚ
El miércoles 7 de diciembre de 2022, el Presidente Pedro Castillo fue detenido, encarcelado y destituido de su cargo bajo la acusación de rebelión por haber pretendido disolver el Congreso. Era la tercera oportunidad que las fuerzas de ultraderecha del Congreso intentaban destituirlo desde que llegó a la presidencia del Perú el 28 de julio de 2021. El intento de disolver el Congreso determinó que se alcance una mayoría para la vacancia, ante la cual asume la presidencia de la República la primera vicepresidenta, Dina Boluarte. Al cabo de una semana de detención, y vulnerando las condiciones de un debido proceso, Castillo es condenado a 18 meses de prisión preventiva.
Desde la detención y destitución de Castillo, se vienen realizando múltiples y masivas movilizaciones de protesta en diversas regiones del país, incluida la capital. Los y las manifestantes se han declarado en insurgencia civil, realizando la toma de diversas instalaciones críticas, tales como minas, aeropuertos, empresas de transporte público, universidades, medios de comunicación y carreteras, entre otros. La población y organizaciones populares exigen – entre otras cosas – la destitución de Boluarte, la disolución del Congreso, y una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución en reemplazo de la actual, instaurada en 1993 por el régimen dictatorial de Alberto Fujimori.
El Estado ha respondido a las protestas con una represión masiva y brutal. Hasta el momento se cuentan alrededor de 20 muertos/as – entre ellos dos menores de edad y centenares de heridos/as. El día 14 de diciembre, el gobierno de Boluarte ha decretado el estado de emergencia por 30 días, lo cual implica la suspensión de derechos civiles y garantías constitucionales, por ejemplo, el derecho a reunirse pacíficamente en público, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y seguridad personal, y a no ser detenido por causa justificada.
De igual manera, desde el Gobierno y la Policía, al unísono con las fuerzas de ultraderecha y los grandes medios de comunicación, han recurrido a la estrategia del “terruqueo” (o difamación) para deslegitimar la protesta. Esto consiste en afirmar que los manifestantes están siendo azuzados por grupos “terroristas”, información que es absolutamente falsa, y que apunta a conculcar el derecho del pueblo a protestar.
Como Grupo de Trabajo CLACSO Memorias Colectivas y Prácticas de resistencia, hacemos un llamado a defender el derecho a la desobediencia civil, la protesta y la resistencia, así como a denunciar toda forma de violencia política de Estado. La desmilitarización es una tarea urgente de todos nuestros países Latinoamericanos, lo que implica el fin de los estados de emergencia, el cumplimiento cabal de los derechos civiles, la liberación inmediata de los y las presos/as por razones políticas, así como el fin de la impunidad para las fuerzas policiales y militares.
Defendemos el derecho del pueblo peruano a demandar la creación de mecanismos democráticos para la realización de profundas reformas políticas, económicas y sociales que permitan crear las condiciones para resolver la crisis sistémica y generalizada que vive el país.
16 de diciembre de 2022
Programa de Psicología Social de la Memoria. Universidad de Chile
Grupo de Trabajo CLACSO Memorias colectivas y prácticas de resistencia
Esta declaración expresa la posición del Grupo de Trabajo Memorias colectivas y prácticas de resistencia y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.
