Una vez más nos toca, a los medios, informar sobre un hecho que conmueve a muchos ciudadanos, aunque pareciera que a las autoridades no. Nos referimos al hallazgo de ayer: un cadáver de mujer en el ropero de un hotel en el distrito Andrés Avelino Cáceres.
Lizbeth es un número más a las tantas muertes que cada semana se registran de manera aterradora en nuestro país. De manera oficial y por declaraciones de la Ministra de la Mujer, hasta junio del 2023, se habían dado 76 casos (La República, 04 julio). Cifras de este año superan a las del 2022, periodo en el que se reportaron 137 feminicidios de enero a diciembre, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo.
¿A quién o a quiénes les corresponde poner en agenda nacional este tema? ¿Serán solo los medios que tienen que cumplir con anunciar macabras noticias y hacer entrevistas por la coyuntura a las organizaciones de mujeres, a la Ministra de la mujer? Y, ¿después que? Hasta otra muerte cerramos el tema.
Como periodista hago mea culpa de que la prensa solo enfoque el tema como consecuencia de un hecho de sangre, de una vida perdida, de una menos con vida o una más en esta estadística negra que se registra mes a mes. Pero, ¿qué hacen al respecto las autoridades? El ejecutivo con una mujer al frente, dicho sea de paso, con tremendo honor de ser la primera en llegar a tan alta investidura, ¿qué ha hecho?
En marzo, en el día internacional contra la violencia a la mujer ya con 34 feminicidios en solo 2 meses, la presidenta dijo: “exijo a las autoridades su máxima sanción para los responsables de estos horrendos crímenes que no deben quedar impunes”, pero ninguna política pública para evitarlos.
Este 28 de julio, Dina Boluarte mencionó brevemente a uno de los problemas graves que requiere de medidas estrictas para combatirlo: las diferentes violencias que se ejercen contra las mujeres y niños en nuestro país. En su discurso recordó un proyecto que se ha iniciado en su gestión, mas no hubo nuevas propuestas para frenar esta problemática.
A nivel regional y local nuestra primera autoridad está enfrascada en obras de fierro y cemento sin resultados exitosos. No ven -o no quieren mirar- lo que pasa con nuestras mujeres, nuestras niñas y niños que sufren vejámenes. A diario se informa sobre hechos que tienen que ver con mujeres violentadas y niños y niñas violadas. No hay políticas públicas para trabajar, por ejemplo, a nivel preventivo con los menores o con los padres de familia.
Deberíamos realizar un trabajo multisectorial, analizar el tema a profundidad, plantear políticas públicas, despojándonos de creencias y mitos para consensuar acuerdos que sirvan para disminuir el número de violaciones sexuales y feminicidios, dejando de lado intereses políticos y religiosos.
