EXPEDIENTE DEBIO ENTREGARSE EN ABRIL 2021, Y HASTA AHORA NO SE ENTREGA
Según el informe de fiscalización selectiva realizada por la Comisión de Fiscalización de Infraestructura y proyectos de Inversión pública, hallan presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico de la obra: “Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Rodeopampa y Tactaca distrito de Tambo – Provincia de la Mar”, el que es elaborado con la modalidad de contrata a través del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider).
Según contrato N° 105-2020-GRA-PRIDER/DG, de fecha 30 de diciembre del 2020, la elaboración del expediente técnico del Servicio de Agua del Sistema de Riego Rodeopampa y Tactaca, fue otorgada al Consorcio Hidráulico San Carlos por un plazo de 120 días calendarios, y tuvo como fecha de culminación el 29 de abril de 2021, el que ha sido incumplido, sin embargo la entidad no le aplicó la penalidad correspondiente
Durante el plazo contractual, el Consorcio, solo alcanzó a presentar el primer entregable (plan de trabajo)de un total de 4. Este entregable estuvo observado varias veces, cuya aprobación se dio recientemente el 8 de marzo de 2021. Incumplimiento que fue comunicado mediante cartas N°050 y 054 -2021 por el supervisor del estudio y recomendó la aplicación de la cláusula décima cuarta de la Ley de Contrataciones del Estado, que estipula la resolución de contrato.
Según el análisis realizado de la documentación, el Consorcio Hidráulico San Carlos habría incumplido el plazo máximo contractual (120 días calendarios) del contrato N° 105-2020-GRA-PRIDER/DG. Asimismo la entidad (Prider), habría omitido las cartas emitidas por parte del supervisor del estudio, aplicación de las penalidades y la resolución de contrato por incumplimiento.
El Consorcio San Carlos no cumplió con entregar el producto (Expediente Técnico), por lo que solicitó varias ampliaciones , y la única aprobada fue la N° 03, por un tiempo de 76 días calendarios, (con fecha de inicio el 02 de agosto hasta el 16 de octubre de 2021); sin embargo el plazo contractual según el contrato concluía el 29 de abril de 2021. Se debió aplicar la penalidad.
Pese a la ampliación de plazo N° 03, el Consorcio San Carlos, presentó al Prider, el segundo entregable el 20 de octubre del 2021, fuera de tiempo. El entregable fue observado varias veces y siguió siendo observado los subsiguientes meses. En octubre 2021terminó la ampliación de plazo N° 03 y no se aprobó ninguna otra ampliación, entonces cómo siguió trabajando el Consorcio sin ningún documento que acredite que aún tiene vigencia su contrato.
El supervisor comunicó de este hecho al Prider, entidad que no tomó ninguna sanción administrativa, presumiendo que el Prider buscaría favorecer a dicho Consorcio Hidráulico San Carlos. Después de haber trascurrido el 2021 y parte del 2022, recién el 23 de mayo de 2022, se aprueba el segundo entregable (con ciertas condiciones que deben cumplir tanto la entidad como el Consorcio). Es sorprendente, de cómo la empresa a pesar de haber incumplido en su totalidad el contrato y varias normas vinculantes, aún sigue sin ninguna sanción.
De la verificación del segundo entregable, el supervisor del estudio, el ing. Eduardo Pacori Quispe, estaría incurriendo en falta al haber aprobado dicho entregable, a pesar de que el sub contratista, representado por la empresa Sub Terra Mining S.A.C., quien ha realizado los ensayos de perforación de mecánica de suelos, mediante carta notarial menciona que no entregó ningún documento original de los ensayos realizados al Consorcio Hidráulico San Carlos, al (Prider) ni al supervisor de estudios, por tal motivo, dicho segundo entregable estaría incompleto o carecería de veracidad o adolecería de falsedad documentaria. Por lo que se necesita que dicho informe sea reevaluado por personal capacitado del Prider y/o contratar a profesionales terceros con experiencia en ese tipo de estudios, para así deslindar responsabilidades o tomar medidas correctivas que correspondan.
Frente a las irregularidades advertidas, la Comisión recomendó al Gobernador Regional de Ayacucho, remitir el informe de fiscalización a la Contraloría General de la República y a la Oficina de la Gerencia Regional de Control de Ayacucho, a fin de que se considere en el Plan Anual de Control 2023, como una acción de control orientada a ampliar y profundizar las investigaciones del caso, para deslindar responsabilidades administrativas, civiles y penales por el incumplimiento, negligencia, transgresión y omisión de las normas y disposiciones legales de la materia vigente.
