Raúl Vegas Morales
Pese al contundente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el gobierno insiste en negar lo evidente. Los que fungen de gobernantes, colocando un pie sobre los muertos, aseguran que no hubo masacre, mientras el congreso, cómplice, archivó la denuncia contra Dina Boluarte por los hechos violentos en las movilizaciones de diciembre y enero.
El pacto es evidente, quedarse en el poder por encima del clamor popular que los repudia, las mociones de adelanto de elecciones van quedando en el pasado de un congreso que aprueba el 7% de la población, que pese a ello va copando lenta pero inexorablemente todos los poderes del estado sin que haya autoridad que los detenga.
El presente es un gobierno repudiable, democrático de forma por el hecho de la sucesión constitucional, pero con todas las características de una dictadura en el fondo, por el accionar violento y el afán de copar el estado en pocas manos. Cuando se quiere encontrar los objetivos políticos de la presente gestión se tiene un gran vacío, sin planificación ni orientación, los objetivos se han quedado en el mismo ataúd de la sobrevivencia, sin posibilidad de legitimar al gobierno.
En los ministerios, más que capacidades técnicas o políticas hay subordinación al objetivo de permanencia en el poder, Boluarte no busca capacidades en sus ministros, necesita obsecuencias, lo que da como resultado un gabinete gris, si alma, sin acción, sin orientación y de hecho sin acciones relevantes a favor del país. El ministro de economía, ex viceministro de Castillo, tiene como plato bandera el programa “con punche Perú” que no es más que la propuesta del ex ministro Burneo “Impulsa Perú”. Su mérito es haberle cambiado el nombre al programa.
Este gobierno, inocuo para la gestión, es el que quiere legalizar la represión violenta, hacer como que no hubiera sucedido y deslegitimar el informe de la Comisión interamericana que actúa según el mandato conferido por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo recuerda en la introducción de su informe de 113 páginas.
La Comisión Interamericana establece que “La crisis política y el descontento social no son hechos aislados, sino que, según la información recibida por la Comisión durante la visita, guardan estrecha relación con la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país.”
Pero el gobierno nada hace para superar la crisis que se agrava así se tenga una calma aparente en el país. Las declaraciones de los oficialistas solo generan rencor y división, aunque al final no hará que eviten la justicia. Llegará el momento en que Boluarte, Otárola y los que ahora los defienden, respondan por la violencia y los asesinatos
