Lincoln Onofre – Politólogo
Entre el 2007 y 2012 la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) se redujo de 28.5% a 18.1%; aproximadamente a 2.08% anual. El reporte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – Midis refiere que esta se ha dado de manera sostenida. En el desagregado, a nivel rural las cifras se redujeron de 45.7% a 31.9%; a un ritmo de 2.76% anual.
A nivel regional, me permito hacer una comparación entre los departamentos de Ayacucho y Moquegua. En Ayacucho, la reducción de la DCI fue de 42.2% a 29.5% en el periodo señalado y como meta al 2016 se espera alcanzar el 26.2%. En el mismo periodo, Moquegua, departamento con una de las menores tasas de DCI, inició con 9.5% y para el 2012 alcanzaba el 4.4%; la meta para el 2016 es de 3.6%.
De acuerdo a la ENDES – INEI entre el 2012 y 2014 la DCI en Ayacucho disminuyó de 28% a 26.3%; mientras que la anemia de 54.3% a 45.8%. Así mismo, para el 2015, la anemia se incrementó a 55.3% (Informe del Programa Nacional Articulado); finalmente, en el 2016, existen reportes que relatan casos de distritos como Ushua y Sara Sara en la que la anemia alcanza al 100% de los menores de cinco años.
Por otro lado, diversos alcaldes acaban de firmar un compromiso para reducir la anemia infantil a razón de 30% anual; es decir, alcanzar el 60% al 2018. ¿Es posible hacer realidad esta buena intención? Lamentablemente existen razones para mirar con escepticismo esta cifra.
Mientras las estadísticas nos muestran que el incremento o disminución anual de la DCI no supera los cuatro puntos porcentuales y la anemia varía en diez puntos; las autoridades locales esperan superar esta cifra a un ritmo de 30% anual (10% cada cuatro meses o 2.5% mensual, es decir, hacer en un mes lo que no se hizo en un año).
La falta de un presupuesto adecuado, las falencias en la gestión pública, la carencia del personal necesario, adecuado y calificado, la voluntad política que trascienda lo discursivo, sumado a la ausencia del Plan de anemia y Desnutrición Cero constituyen elementos que nos debieran alertar sobre las metas proyectadas y ser más serios a la hora de proponer o prometer.
Pero hay algo perverso que nuestras autoridades no advierten: las consecuencias de sus promesas trasnochadas y populistas. Si en el 2018 la anemia no se reduce en 60%, entonces la sociedad civil reclamará por los resultados prometidos; pero lo más grave, es que este descrédito no se reducirá al ámbito de la salud; sino que, como muchas veces sucede, la opinión pública reprochará a sus gobernantes y desacreditará al Estado, tal como sucede en la actualidad.
Nos vemos el 2018.
