ntre el 7 de diciembre de 2022 -fecha en que inició la gestión de Dina Boluarte- y el 7 de diciembre de 2024, la prensa peruana ha enfrentado un total de 740 ataques, según el registro de la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Si bien los tipos de agresión varían en el transcurso de este tiempo, la amenaza y el hostigamiento se destacan como los más comunes, con un total de 298 incidentes. Estas arremetidas no solo se limitan a agresiones físicas o verbales, sino que incluyen amenazas legislativas, ciberataques, y presiones judiciales, que afectan tanto la seguridad de los periodistas como su capacidad para informar libremente.
Los datos señalan que los funcionarios públicos son responsables de 217 ataques (más del 29% del total), lo que pone de manifiesto la preocupación de que las amenazas y agresiones provienen de quienes están en el poder. Este dato es especialmente alarmante, pues refleja una vulneración de los derechos de la prensa por parte de quienes deberían garantizarla.
El Ejecutivo al ataque del periodismo
El Poder Ejecutivo acumuló 44 casos de agresión a periodistas durante estos dos años. La propia presidenta Boluarte ha protagonizado episodios de confrontación, como el 18 de setiembre de 2023, cuando calificó de «agresiva» a la periodista Angélica Valdés tras una reunión en Nueva York. En noviembre de 2023, criticó un reportaje de Cuarto Poder que revelaba reuniones secretas de su hermano Nicanor Boluarte, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia, calificándolo de difamatorio.
En 2024, su hostilidad aumentó. El 5 de abril evitó responder sobre el escándalo del Rolex, y el 16 de septiembre, en Pomacocha, contestó agresivamente al periodista Luis Chuqui: “¡No necesito sus lágrimas!”. En octubre, la presidenta denunció un supuesto «terrorismo de imagen», acusando a medios de desestabilizar su gobierno con noticias falsas.
A estos incidentes se suman restricciones directas al acceso a la información, como las sufridas por periodistas en Piura, Huaral y San Martín, donde fueron retenidos o bloqueados durante sus visitas oficiales. En el suceso más reciente, el 31 de octubre en Juanjuí, región San Martín, un grupo de aproximadamente 15 periodistas de medios locales fue retenido, encerrados entre rejas hasta que Boluarte se retiró del evento. Este patrón se ha vuelto habitual en las actividades oficiales de Presidencia.
El ministro Juan José Santiváñez ha registrado al menos 16 incidentes de ataques, entre los que destacan estigmatizaciones y amenazas, desde que asumió el cargo el 16 de mayo del 2024. Entre ellos, calificó de «fracasado» al periodista Marco Sifuentes y amenazó con iniciar acciones legales contra Ricardo Velazco y César Hildebrandt.