Con motivo a la celebración a la 77ma Sesión del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, donde era evaluado el Estado Peruano, estuvieron representantes de la sociedad civil, quienes denunciaron la persecución que viven por parte de las autoridades peruanas, las cuales impiden el ejercicio pleno del trabajo que realizan los defensores de los derechos humanos.
Maritza Sánchez y Alexander Anglas, son miembros de la Asociación National
Human Rights Network. Actualmente están siendo hostigados mediante procesos
judiciales por realizar actividades en defensa de los derechos humanos.
En Perú, ejercer el derecho a la manifestación pacífica se ha convertido en un delito con una penalidad de 20 años, esto refleja la crisis institucional que el actual gobierno que preside Dina Boluarte, con el apoyo del Congreso han sumergido al país en una dictadura de facto, donde no existen las garantías mínimas procesales ni el Estado de Derecho.
Otro caso que fue presentado, fue el de la defensora ambientalista de los pueblos
originarios Quechua Donata Carbajal Quispe, quien ha sufrido detención arbitraria y tortura, por ejercer el derecho a la manifestación pacifica.
Los tres casos aquí mencionados, han sido denunciados ante los Procedimientos
Especiales del Consejo de Derechos Humanos, por las amenazas que han recibido
por parte del gobierno de tomar represalias por asistir a la ONU a denunciar sus
casos. Es por ello, que solicitamos que desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se vele para que sean incluidos en el protocolo de protección a los defensores de los derechos humanos y el gobierno de Perú se abstenga de cualquier represalia
