- Han pasado más de dos años de la presentación de los proyectos de ley que establece la Unión Civil y de identidad de género, sin que hasta ahora cuenten con dictamen en las comisiones a las que han sido derivados.
Es urgente que el Estado Peruano desarrolle un marco normativo que permita sancionar los discursos de odio que promueven o incitan a la discriminación y/o violencia en todas sus manifestaciones. Estos actos suelen afectar con mayor frecuencia a las personas Lesbianas, Gay, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales – LGTBI; sin embargo, actualmente, nuestro Código Penal no castiga estas conductas, dejando impune hechos que afectan la dignidad, integridad y hasta le cuesta la vida a este y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
En el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, el Adjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, recordó que el Decreto Legislativo 1323 se encuentra vigente y establece sanciones cuando la violencia ocurre bajo los móviles de intolerancia o discriminación por sexo, orientación sexual e identidad de género, pero no contempla los discursos que promueven o incitan este tipo de acciones.
La Defensoría del Pueblo, recientemente, en su informe “A 2 años del Informe Defensorial N° 175: Estado actual de los Derechos de las Personas LGTBI”, advirtió que las agresiones contra la vida e integridad de las personas LGBTI constituyen un tipo de violencia de género y son la forma más grave de discriminación contra este grupo, por lo que es una obligación del Estado peruano fomentar la empatía y respeto por la diversidad sexual.
En dicho informe, se recomendó al Congreso de la República, de forma reiterada, la necesidad de aprobar una Ley de Identidad de Género que disponga un procedimiento administrativo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para que las personas trans puedan cambiar su nombre y/o sexo en sus documentos de identidad. Asimismo, se recomendó al Poder Judicial, en tanto se apruebe una Ley de Identidad de Género, que sus jueces resuelvan los procesos de cambio de nombre y sexo de manera célere, esto es, dentro de un plazo razonable.
El Jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, David Gustavo Pacheco-Villar Barra, recordó que en agosto de 2018, presentamos el Informe Defensorial N° 175: “Derechos Humanos de las personas LGTBI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú”, ante autoridades de la región Ayacucho y representantes de la Organización de las Naciones Unidas.
El representante de la Defensoría del Pueblo, recordó que: “consideramos necesario que la actuación de todos los entes públicos, en especial la Procuraduría Pública de Reniec, cumpla con los criterios fijados por la Corte IDH y nuestro Tribunal Constitucional. Cabe destacar que el reconocimiento a la identidad de género se encuentra también incluido en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021”.
En el Informe Defensorial N° 175, entre otras recomendaciones, se comunicaron las siguientes:
- Al Congreso de la República, aprobar una ley de identidad de género que establezca un procedimiento administrativo a cargo del RENIEC para que las personas trans puedan cambiar su nombre y/o sexo en sus documentos de identidad y, asimismo, aprobar una ley que reconozca la unión civil entre personas del mismo sexo.
- Al Poder Judicial (jueces y auxiliares jurisdiccionales), Ministerio Público (fiscales y asistentes en función fiscal) y Policía Nacional del Perú (oficiales y sub oficiales), incorporar en los planes de capacitación a su personal de todo el país, criterios de igualdad y no discriminación vinculados con la temática de diversidad sexual, en particular lo referido al reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI.
Dato: El pasado 25 de junio, la Oficina Defensorial de Ayacucho intervino ante la Prefectura Regional de Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Huamanga, tras verificar un retardo en la atención de las solicitudes de autorización y otorgamiento de garantías, que la Comunidad LGTBIQ Ayacucho había presentado para realizar su “Marcha del Orgullo”, pese a haberlo tramitado desde el 14 de junio.
