Jans Cavero
Después de que los países del globo demostraron incapacidad para gestionar eficazmente la pandemia, conviene reflexionar sobre las transformaciones que los Estados deben experimentar para afrontar adecuadamente futuras pandemias, catástrofes o emergencias sanitarias, que pondrán en riesgo la vida e integridad de la sociedad. La muerte de casi 500 mil personas en el mundo que sirva como oportunidad para instaurar los cambios que exigen sociedades complejas, diversas y vulnerables.
Estados Unidos y Brasil son los mejores ejemplos de países presidencialistas y federales que han fracasado en la lucha contra el coronavirus; España y Reino Unido son monarquías parlamentarias y con niveles reconocidos de descentralización, pero también sucumbieron ante la pandemia; Italia es una república parlamentaria que perdió la batalla contra el COVID19; Francia es una república semipresidencial con un fuerte nivel de centralización y no ha tenido resultados satisfactorios. La excepción podría ser Alemania, país federal y parlamentario que desde mi punto de vista es el que mejor ha respondido a los embates de la pandemia.
Bajo esta perspectiva, los cambios post covid19 son múltiples, dependiendo su implantación del nivel o grado de institucionalidad que tiene cada democracia. En primer lugar, el papel del Estado como regulador e interventor en los asuntos públicos y privados debe potenciarse, no en clave hobbesiana, sino en la lógica de ser quien impone las reglas de juego para garantizar el bienestar general. Hemos sido testigos cómo en países capitalistas y democracias avanzadas, los propios operadores económicos han clamado el auxilio del Estado y no han dudado en aceptar la restricción de las libertades individuales y económicas en nombre del interés nacional.
En el ámbito de las democracias precarias como el Perú, debe ser política de Estado real, y no en el papel como el Acuerdo Nacional, la lucha frontal contra la brecha en salud y educación. Ambos sectores deben ser universales y prioritarios para cualquier gobierno. La infraestructura sanitaria y educativa es un desastre, en tanto que el gasto público destinado a estos sectores, en términos del PIB, resulta ínfimo y miserable en comparación con los países vecinos. Cada provincia del Perú debería tener un hospital de categoría I-4, y en lugar de priorizar la inversión en hospitales de alta complejidad debería optarse por invertir en los niveles primarios de atención.
A nivel de educación, todos los alumnos de las escuelas y colegios públicos han perdido el año 2020, y no precisamente por deficiencias en las calificaciones, sino porque el programa “Aprendo en Casa” es pura lírica y buenas intenciones, que no reúne mínimos estándares académicos garantes de un aprendizaje adecuado. Si el año académico concluye en diciembre, ¿qué sentido tiene entregar tablets en julio o agosto? Si la educación pública no cuenta con una plataforma virtual de calidad que permita una interacción sincrónica docente – alumno, carece de sentido entregar computadoras, peor aun cuando hay comunidades en la sierra y selva que no tienen acceso a internet.
Otro cambio que el país debe experimentar es declarar de necesidad pública el acceso a internet por fibra óptica y banda ancha. La brecha digital debe erradicarse por completo, toda vez que hoy si las sociedades no están informatizadas y las ciudades no son inteligentes, estamos rezagados en el desarrollo tecnológico y humano. Bajo esta consideración, el gobierno electrónico o e-goverment debe consolidarse, más aun si las administraciones públicas no pueden paralizar su actividad en favor de una ciudadanía demandante de servicios básicos.
A nivel de administración pública, debe consolidarse la política del gobierno abierto y transparente, con el propósito de tener información confiable y generar data que permita implementar una actividad poco explotada en gestión pública: Monitoreo y seguimiento de las políticas públicas. Ciertamente, un seguimiento adecuado va a permitir introducir los procesos de mejora que requiere una política implementada. De este modo, el big data es una necesidad impostergable.
A su vez, el Perú debe invertir en la profesionalización de su burocracia y promover una real dirección pública no sujeta a los cambios políticos electorales. La prospección y planificación estratégica debe revalorarse. Hoy se planifica solo por cumplir la ley y su ámbito se circunscribe a la programación presupuestal anual, y acaso multianual. Aun así, gobiernos entrantes modifican por doquier la programación multianual de inversiones de gobiernos salientes; las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático son el pan de cada día; financiar partidas desfinanciando otras son la regla y no la excepción. En suma, se requieren directivos públicos en planeamiento que tengan un perfil politécnico.
El reto es grande y está a la vuelta de la esquina. Las democracias más avanzadas seguramente tendrán que reevaluar los gastos millonarios que desembolsan en armas y defensa de fronteras para priorizar políticas socio laborales, en tanto que ingresarán en una nueva etapa de deliberación sobre la conveniencia de fortalecer espacios de integración regional. Por lo demás, Europa no necesita transformaciones profundas para reconfigurar la correlación de fuerzas Estado versus mercado. Europa está interconectada, industrializada y con una clase media legitimada.
Por el contrario, el Perú debe asistir a un nuevo proceso constituyente para que el Estado recupere el rol interventor y regulador que perdió en la década del 90. La pobreza y pobreza extrema, incrementada sustancialmente por el coronavirus; la brecha social en el acceso a los servicios básicos de agua, electricidad, comunicaciones e internet; el modelo económico que agiganta la brecha económica; la falta de consolidación de una clase media; la escasa industrialización del país; la desatención y postergación de la salud, educación, agricultura y trabajo, entre otros aspectos de importancia similar, ameritan un nuevo pacto social que conlleve transformaciones de fondo en lo político, social, económico, ambiental, cultural, institucional y tecnológico.
